El Gobierno aprobó el viernes la estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo principal objetivo es reducir en un 25% el número de accidentes laborales en los próximos cinco años. Las empresas con servicio de prevención propio y las que obtengan mejores resultados en prevención laboral serán bonificadas, según adelantó el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

España es uno de los países de la Unión Europea con peores índices de siniestralidad laboral, casi 25 puntos por encima de la media de sus socios comunitarios. En 2006 se produjeron 937.063 accidentes con baja, en los que hubo 8.937 heridos graves y 977 mortales muertos.

Para intentar acabar con esas diferencias, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros la Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral, cuyo objetivo es reducir un 25% el número de accidentes laborales para alcanzar la media europea.

Durante la presentación de la estrategia, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, resaltó la importancia de la medida, consensuada entre agentes sociales, ejecutivo y comunidades autónomas, en la que se incluye más de 100 medidas y ocho grandes objetivos.

El primero de ellos, tal y como resaltó Caldera, será el de bonificar a las empresas que más se preocupen por las políticas de prevención y por la salud de sus trabajadores. De esta manera se establecerá, con especial atención en las pequeñas y medianas empresas, una reducción en las cotizaciones en la Seguridad Social para aquellas compañías que presenten menores índices de siniestralidad. También se beneficiarán de estas ayudas aquellas que establezcan programas adicionales de control y vigilancia cuando sus índices de siniestralidad sean demasiado elevados.

Otra de las medidas incluidas en la Estrategia pretende acabar con la externalización en los servicios de prevención. Según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, tres de cada cuatro empresas apuestan porque un servicio de prevención ajeno a su compañía sea el que elabore la prevención de riesgos. Para reducir este porcentaje, el Ejecutivo también establecerá bonificaciones en las cotizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional para las empresas que, sin estar obligadas, cuenten con un servicio propio de prevención o contraten los servicios de un técnico.

La estrategia también contempla la creación de órganos específicos que desarrollarán programas para divulgar e informar de los riesgos laborales. Estos programas se dirigirán a empresas de 6 a 50 empleados, que no cuenten con representación sindical para sus trabajadores. El cumplimiento de los planes de prevención será supervisado por un órgano específico sectorial, en el que estarán representados de forma paritaria representantes empresariales y sindicales. En el caso de las microempresas, de menos de seis trabajadores, los incentivos serán para los empresarios que asuman las tareas de prevención, que a su vez serán tuteladas por un órgano específico territorial.

En cuanto al control y a las inspecciones a las empresas, Caldera recordó que se incrementaran los efectivos de la Inspección de Trabajo, se intensificará la colaboración con la Fiscalía de Siniestralidad y las comunidades autónomas, y se dará una especial atención a los riesgos psicosociales asociados a la movilidad, como ocurre en los accidentes in itinere y en misión. La estrategia se compromete también a desarrollar, a través del Ministerio de Industria, un plan renove de la maquinaria, con especial atención en los sectores que más renovación necesiten.

De las 100 medidas de la Estrategia, una gran parte de ellas han salido en el libro surgido del tercer congreso nacional de Servicios de Prevención, según afirmó ayer Juan Prats, presidente de la Federación de Servicios de Prevención Ajenos.

Principales medidas

- Establece reducción en las cotizaciones para las empresas que tengan menores índices de siniestralidad y se establecen programas de control y vigilancia en aquellas que registren mayores índices.

- Las empresas que cuenten con servicio de prevención propio obtendrán reducciones en las cotizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional y bonificaciones en los contratos de trabajadores que hagan tareas preventivas.

- Crea organismos específicos que hagan programas de prevención en empresas de menos de 50 empleados sin representación sindical.

Fuente: Cinco Días

En la primera de las sesiones se hablará acerca del polvo, el ruido y las vibraciones en el ambiente minero. Intervendrán José Fernández, médico del área de seguridad y salud laboral de la Consellería de Traballo, y Luis García Florido, jefe de la sección de minas de Pontevedra.

 El presidente de la CEO, Francisco Rodríguez, y el delegado de Industria, Xosé Antón Jardón, inaugurarán la jornada y la delegada de Traballo, Carmen Rodríguez, entregará los diplomas a los alumnos de los cursos organizados por la asociación.

 Fuente: La Voz de Galicia - Ourense

El director general de Seguridad y Salud Laboral, Julián Martín, es el vicepresidente del Observatorio, como vocales figuran dos representantes de la mencionada dirección general, otro más de la dirección general de Salud Pública, un representante de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dos representantes de las organizaciones sindicales de Castilla-La Mancha y dos representantes de las organizaciones empresariales de la región, según informó la Junta en nota de prensa.

La titular de Trabajo y Empleo valoró el carácter participativo del Observatorio Regional para la Prevención de Riesgos Laborales y aseguró que “sólo con el trabajo conjunto, con la implicación de toda la sociedad, se conseguirá erradicar la siniestralidad laboral”.

Los representantes de los agentes sociales participantes en la constitución de este observatorio valoraron muy positivamente su puesta en marcha ya que consideran que es un organismo que resultará una herramienta especialmente eficaz para profundizar en la prevención de riesgos laborales.
Sus funciones son, entre otras: realizar análisis e informes de accidentalidad laboral y enfermedades profesionales; elaborar informes y estudios en materia de prevención riesgos laborales; y elevar propuestas de actuación al órgano competente en materia de seguridad y salud laboral, y a la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla La Mancha, de la que también forman parte los agentes sociales.
Además de los miembros que lo componen también podrán ser invitados a participar en sus sesiones y debates expertos en prevención de riesgos laborales aunque no pertenezcan a los colectivos directamente representados.
En la línea de dar la máxima participación para enriquecer los trabajos del Observatorio se podrán crear grupos de trabajo específicos que tras los estudios oportunos podrán elevar sus conclusiones al propio Observatorio.

Castilla-La Mancha es así pionera en la creación de una Dirección General de Seguridad y Salud Laboral que forma parte de la propia estructura de la Consejería de Trabajo y Empleo y se ocupa de manera exclusiva de este tema. Junto con esta dirección general específica, está plenamente operativa la Comisión de Seguridad y Salud Laboral que, con la participación de todos los agentes sociales y la Inspección de Trabajo, tiene como misión exclusiva fomentar la prevención de riesgos laborales.

En el mismo ámbito se creó la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral de la que forman parte distintas Consejerías del Gobierno regional con el objetivo de coordinar esfuerzos por la prevención en los distintos departamentos de la Junta. A este esfuerzo en prevención se unen desde hoy los trabajos que se llevarán a cabo en el Observatorio Regional para la Prevención de Riesgos Laborales. Todas estas herramientas de trabajo están dirigidas a conseguir dar cumplimiento a una prioridad para el Gobierno regional como es la de mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad y salud de los trabajadores de Castilla-La Mancha. PLAN 2004-2007 Además, la puesta en marcha del Observatorio supone dar cumplimiento a otra de las medidas contempladas en el Plan de Acciones para la Seguridad y Salud Laboral 2004-2007 del Gobierno regional. Este Plan, consensuado con los agentes sociales, recoge un conjunto de acciones para fomentar la seguridad y la salud de los trabajadores de Castilla-La Mancha y reducir la siniestralidad laboral.

La puesta en marcha del Observatorio Regional para la Seguridad y Salud Laboral, adscrito a la Consejería de Trabajo y Empleo, supone dar un paso más en el cumplimiento de las medidas recogidas en el Plan de Acciones para la Seguridad y Salud Laboral para el periodo 2004-2007. Este Plan, en su último año de vigencia, cuenta con la práctica totalidad de las medidas contempladas en él ya ejecutadas, o en proceso de ejecución. Al concluir 2007 todos los ejes de actuación, consensuados por el Gobierno regional con los agentes sociales, quedarán desarrollados.

A lo largo de este periodo se ha producido la incorporación de 674.000 nuevos trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes. El número de accidentes con baja fue de 113.000 en el año 99, creciendo hasta 137.000 en 2002 y bajando a 130.000 en 2005. Las tasas generales de siniestralidad se han reducido desde 6.164 accidentes por cada 100.000 trabajadores hasta 5.200 en 2005, al tiempo que las muertes por accidente laboral han pasado de 6,1 por cada 100.000 trabajadores en 1999 a 5,2 en 2.005. Sin duda el Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales firmado por empresarios, UGT, CCOO y Gobierno regional ha contribuido a aumentar la preocupación en las empresas y la sociedad, y ha permitido que se incremente la prevención de riesgos laborales en muchas empresas.

Sin embargo, los datos siguen siendo intolerables y nos alejan de la Unión Europea. En Madrid se produce una muerte por accidente cada tres días naturales. Por bajas laborales perdemos 2.860.000 jornadas de trabajo cada año. Algo así como si todos los trabajadores madrileños dejásemos de ir a trabajar por baja laboral 1,3 días cada año. Cada trabajador en baja laboral permanece en esta situación una media de 22,3 días. La sangría económica, laboral, social y personal es tan grave que debería hacer que desde todos los ámbitos se actuase de forma conjunta para erradicar las causas de los siniestros laborales, que más que accidentes deberían recibir el nombre, en muchos casos, de homicidio de cuantos por imprudencia, negligencia, desidia o afán desmedido de lucro ponen en riesgo la vida de sus trabajadores al no aplicar la Ley de Prevención en sus empresas.

Las víctimas de “accidentes” laborales tienen rostro de hombre, que tiene tasas de siniestralidad tres veces superiores a las de las mujeres. Rostro de joven si tenemos en cuenta que la tasa de accidentes entre los jóvenes es tres veces superior a la media. Rostro de contrato temporal, que soporta tasas más de tres veces superiores a las de un trabajador con contrato indefinido. Rostro de inmigrante, que pesando un 20 por ciento en el conjunto de la población trabajadora soporta el 40 por ciento de los accidentes. Rostro de trabajador de la construcción, que con más de 15.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores en Madrid se encuentra muy lejos de los 6.500 de media del sector en la Unión Europea.

Se puede actuar y evitar los riesgos laborales, pero hay que trabajar unidos. El Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales ha contribuido a contener las cifras y rebajar las tasas de siniestralidad, pero no tiene explicación que, transcurridos seis meses del año 2007, las actuaciones de empresarios y sindicatos sigan paralizadas por el Gobierno regional. No valen disculpas electorales ni de formación de nuevo gobierno porque en elecciones la Administración sigue funcionando, trabajando e inaugurando.

No tiene explicación que la Comunidad de Madrid como autoridad laboral, la Inspección de trabajo, los jueces, fiscales y la policía judicial, los ayuntamientos de la región y sus policías municipales, no cuenten con protocolos conjuntos para cooperar cuando un accidente laboral se produce, cooperando ante el accidente y, lo que es más importante, en la prevención del mismo, persiguiendo el delito de riesgo que padecen cada día miles de trabajadores.

No es explicable que no se aplique de inmediato la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, por la que tanto hemos luchado desde la Federación de Construcción de CCOO, o que no se establezcan mecanismos similares para regular ese foco de accidentes laborales que son las contrata y subcontratas en todos los sectores de la producción y los servicios.

No tiene explicación que un inspector tenga que atender a más de 25.000 trabajadores o que sólo un número muy pequeño de técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo estén habilitados para actuar como inspectores en materia de salud laboral.

Poco nos importa el color político del gobierno en cada administración. Nos importa que cooperen lealmente entre sí y trabajen conjuntamente con empresarios y sindicatos para acabar con la siniestralidad laboral, porque en la inmensa mayoría de los accidentes hay algo que no ha funcionado bien en materia de prevención del riesgo. Hay muy poco de fortuito, casual e imprevisible tras cada muerte laboral y esta verdad incómoda debe remover conciencias y mover voluntades para atajar cuanto antes una lacra que no debe pervivir por más tiempo.

(*) Javier López es secretario general de CCOO de Madrid.

Fuente: La Insignia

Según CCOO Canarias, esta situación es más común entre los jóvenes trabajadores/as. Como bien se apunta desde la Secretaría Confederal de Juventud de CC.OO., existe una “falta de cultura preventiva y carencia de formación en materia de prevención entre los jóvenes”, que a pesar de representar una minoría de la población activa (23%), sufre “un 39% de los accidentes laborales en España”.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, la probabilidad de que un trabajador/a de entre 18 y 24 años sufra un accidente laboral es de al menos un 50% mayor que el resto de la población activa, debido principalmente a la falta de una formación adecuada. Sin embargo, no hay que olvidar que si bien es verdad que muchos jóvenes carecen de formación adecuada, también es cierto que muchos/as trabajadores/as con una amplia experiencia necesitan formación actualizada en materia preventiva debido al avance tecnológico, que ha creado nuevos riesgos.
Once años después de la implantación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, las consultas realizadas al Gabinete de Salud Laboral y Medioambiente de CC.OO. Canarias muestran que el empresariado sigue haciendo caso omiso al artículo 19- 1, de esta ley, en el que se recoge que “el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva […]. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.”

En muchos casos, esta formación no se realiza y en otros casos, ésta se limita a unas charlas informativas de carácter general, que no cumplen con el requisito de ser “adecuada” ni “centrada específicamente en el puesto de trabajo”. Por lo tanto, se está confundiendo con el concepto de información, a la que se hace mención en el artículo 18, apartado 1 de la presente ley: “los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, […] las medidas y actividades de protección y prevención aplicables […] y las medidas adoptadas”. Desde el Gabinete de Salud Laboral y Medioambiente de CC.OO. Canarias, se quiere apuntar la diferencia entre información y formación, pues la formación NO consiste en proporcionar un listado de riesgos y medidas a adoptar, esto es información. Como se recoge en el Diccionario de la Real Academia Española, la “formación” es la acción de “adquirir aptitud o habilidad”, mientras que el hecho de “dar noticia de algo” (en este caso de los riesgos), es la definición de “informar”.

Piden también la colaboración de los Servicios de Prevención Ajenos encargados de la formación de los trabajadores/as, que están colaborando en estas prácticas, lo que no ayuda a reducir los índices de siniestralidad tan preocupantes que sitúan a la Comunidad Canaria como la tercera en siniestralidad laboral, muy por encima de la media nacional.

Por todo esto, Carmen Marrero Falcón, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO. Canarias, quiere denunciar la precariedad que existe en relación a la formación en prevención de Riesgos Laborales, exigiendo no sólo que el empresariado cambie esta situación para dar cumplimiento con la Ley de Prevención, sino exigiendo además a los Servicios de Prevención Ajenos que no se presten a estas prácticas poco saludables. Además, invita a estos Servicios a que realicen una labor de asesoramiento al empresariado en esta materia.

Fuente: Canarias 24 horas